Tribunal de Ética

Es el órgano directivo de ACONC encargado de liderar y administrar la justicia ancestral propia del pueblo negro del norte del Cauca.

 

Derecho a la identidad cultural( Art 5 Convenio 169, Sentencia C882-11)

Tener su propia vida cultural,  profesar y practicar su propia religión como manifestación cultural, preservar, practicar, difundir y reforzar otros valores y tradiciones sociales, culturales, religiosas y espirituales, así como sus instituciones políticas, jurídicas, sociales y culturales.

 

Derecho propio (Art 7 Convenio 169)

Derecho a “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”

 

La Constitución Política de Colombia, contempla en el marco de los principios y fines esenciales del Estado el derecho de acceso a la Justicia, reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación (art 7), establece además la existencia de Jurisdicciones Especiales (capitulo V). De acuerdo a estos preceptos constitucionales, el sistema y ordenamiento jurídico colombiano debe contemplar el pluralismo jurídico, respecto a la población afrocolombiana, que cuenta con un sistema ancestral y procedimientos propios que regulan la vida en sociedad de los individuos como sujetos colectivos de derecho.

El Gobierno Nacional mediante el Decreto número 4932 del 18 de diciembre de 2009, creó la Comisión de Expertos cuyo fin es evaluar la posibilidad y alcance de una reforma estructural a la justicia. Una de los temas que consideramos debe abordar la Comisión es el reconocimiento de la Justicia Ancestral Afrocolombiana y la creación de una Jurisdicción Especial.

A su vez, en la Ley 70 de 1993, Decreto Reglamentario 1745 de 1996, se establecen facultades y prerrogativas a las autoridades étnicas en materia de administración de justicia como amigables componedores.

Adicionalmente, la Corte Constitucional en sentencia T-422 de 1996 sobre diferenciación positiva para población afrocolombiana establece la necesidad de implementar políticas públicas encaminadas a superar las condiciones de vulneración y marginalidad histórica en los diferentes ámbitos y esferas sociales.