Consejo Comunitario de la Cuenca del Río La Quebrada (Santander de Quilichao)

El Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Quebrada fue conformado en 2008 y cuenta con una constancia de registro en el Municipio de Santander de Quilichao del 6 de enero de 2010. Su territorio está ubicado en la zona plana al sur de este municipio y a él pertenecen 1.258 familias (2.958 personas) habitantes rurales de las veredas San Rafael, La Quebrada 1er sector, La Quebrada 2do sector, Palestina y Arrobleda. Este territorio está atravesado por la Quebrada llamada “La Quebrada”, por los zanjones María Naso y Cochinito, por el río Japio, y por las ciénagas Pozo Ancho y María Naso.
Tradicionalmente en la región ha hecho presencia el Ingenio del Cauca, el cual arrienda tierras y brinda asesoría técnica en las propiedades que cultivan caña para la venta. La transición de ganadería a plantaciones de caña en las grandes propiedades se ha visto acelerada durante las dos últimas décadas, con la expansión del monocultivo y la creación del Ingenio de Occidente en inmediaciones del territorio ancestral. Para los habitantes de San Rafael, una de las veredas tutelares de este Consejo Comunitario, el cultivo de la caña a gran escala ha implicado el desecamiento de fuentes importantes de agua como el zanjón María Naso y las lagunas que lo circundaban. Estos cuerpos no solo eran fuente de agua para el consumo, el riego de las fincas y la recreación de niños y adultos; también eran fuente de proteína, pues en sus aguas los campesinos encontraban pescados y tortugas, y en los bosques que los circundaban cazaban armadillo, chucha, guatín, iguaza y conejo. Los pozos profundos a los cuales accedía la comunidad también han sido afectados, no solo por el riego de la caña, sino por el uso que de ellos también hacen las avícolas asentadas en estas veredas. Por esta razón, los aljibes utilizados tradicionalmente por la comunidad, con una profundidad de aproximadamente 10 metros, hoy no funcionan. Por otro lado, las avícolas contaminan el ambiente con olores nauseabundos que corren en el aire.
La ocupación afrodescendiente en estas veredas se caracterizó por combinar el sistema de fincas tradicionales campesinas, el acceso a zonas de pesca y de caza para la subsistencia, y el vínculo laboral con las haciendas tradicionales de la región. Los dirigentes comunitarios explican la crisis del sistema de fincas tradicionales por la escasez de tierra disponible y por el hecho de que los pequeños terrenos agrícolas son subdivididos aún más cuando se heredan a un grupo de hijos y familias, descendientes del campesino original que fallece. Por otro lado, las haciendas han incursionado en el cultivo de la caña de azúcar, prescindiendo de la mano de obra local que anteriormente era usada para el mantenimiento de hatos ganaderos y cultivos rotativos.
En su historia reciente la comunidad ha buscado formas para defender su estilo de vida tradicional. Un ejemplo fue cuando en la década de 1970, por medio del Incora y de la ley de reforma agraria aprobada en 1961, buscaron fortalecer su economía campesina. Así promovieron la creación de la Empresa Comunitaria La Eugenia, conformada por veinte familias campesinas negras de estas veredas y de otras vecinas. A esta empresa le fue asignada 150 hectáreas, las cuales debían permanecer en calidad de común y proindiviso mientras se efectuaban los pagos correspondientes al Incora. Si bien dichas cuotas fueron pagadas, los campesinos no pudieron pagar los créditos simultáneos que adquirieron de la Caja Agraria para acceder a insumos y tecnologías de producción agrícola. Debido al no pago de estas cuotas, los campesinos se vieron obligados a vender sus parcelas a miembros externos de la comunidad. Los antiguos miembros de dicha cooperativa, evalúan el fracaso de su empresa comunitaria por el poco apoyo técnico y de inversión que recibieron del Incora y de otras entidades. Hoy, la mayor parte de esas 150 hectáreas, están en manos ajenas a la comunidad y sembradas en caña o con fincas de recreo para la gente de las ciudades. De igual forma pasó con la expansión de los narcotraficantes en la zona en la década de 1990, quienes compraron tierra ejerciendo mecanismos violentos como las amenazas, los asesinatos y el bloqueo de caminos veredales y servidumbres.